La Corte Suprema se negó por tercera vez a revocar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) el jueves 17 de junio, desestimando una demanda presentada por un grupo de fiscales generales estatales republicanos que alegaban que un cambio realizado por el Congreso en 2017 había vuelto inconstitucional a toda la ley.

Por 7 a 2 votos, los jueces ni siquiera llegaron a los méritos del caso, resolviendo que los estados e individuos demandantes, dos personas de Texas cuentapropistas, carecían de “argumentos” para llevar el caso a los tribunales.

“No procederemos más allá”, escribió el juez Stephen Breyer. “Ni los individuos ni los demandantes estatales han demostrado que el daño que sufrirán o hayan sufrido sea ‘razonablemente atribuible’ a la ‘conducta supuestamente ilegal’ de la que se quejan”.

Los dos jueces disidentes, Samuel Alito y Neil Gorsuch, no estuvieron de acuerdo. “Los estados han demostrado claramente que sufren daños económicos concretos y particulares que se pueden atribuir a la conducta del gobierno federal”, escribió Alito. “ACA los carga con obligaciones costosas y onerosas, y el gobierno federal las hace cumplir. Eso es suficiente para establecer una posición”.

El fallo representó una victoria no solo para los defensores de la ley de salud en general, sino también para el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra. Como fiscal general de California, Becerra lideró a los estados demócratas que defendían ACA después que la administración Trump apoyara la demanda de los estados republicanos.

Fue la tercera vez en nueve años que se le ofreció al tribunal la oportunidad de poner fin de manera efectiva a la ley de salud, y la tercera vez que se negó.

Los demócratas se apresuraron a declarar victoria. “La Corte Suprema acaba de fallar: ACA está aquí para quedarse”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, agregó: “Nunca olvidaremos cómo los líderes republicanos presentaron esta monstruosa demanda para arrebatar la atención médica de millones de estadounidenses en medio de una pandemia mortal”.

El caso, California vs. Texas, surgió como resultado de una disposición del proyecto de ley de reducción de impuestos aprobada por el Congreso controlado por los republicanos en 2017. Como parte de ese proyecto de ley, el Congreso redujo a cero la multa de ACA por no tener seguro médico.

El requisito de cobertura, también llamado mandato individual, se incorporó a la ley para aumentar el número de clientes de las aseguradoras, a las que ahora se les exige que cubran a personas con afecciones médicas. Los republicanos han atacado durante mucho tiempo la disposición como una extralimitación del gobierno.

En su demanda, los fiscales republicanos argumentaron que solo la existencia de esa sanción, que los magistrados consideraron un impuesto, fue lo que permitió que la Corte Suprema dictaminara en 2012 que la ley sí era constitucional. Al reducir la multa por no tener seguro a cero, los republicanos dijeron que no solo el mandato de tener cobertura era inconstitucional, sino también el resto de la ley.

En los argumentos orales del caso, en noviembre pasado, varios de los jueces conservadores dejaron en claro que no estaban de acuerdo con el argumento de los republicanos.

Sobre la falta de argumentos para sostener el caso, el presidente de la Corte, John Roberts, se preguntó si alguien podría demandar para revocar una ley que requiriera que propietarios corten el césped, incluso si esa ley no tuviera ninguna sanción. Su clara sugerencia fue que esa persona no tendría ningún caso.

También estaba en discusión la cuestión de si el resto de la ley podía mantenerse si los jueces creían que quienes presentaban el caso tenían legitimación, y si el requisito de tener un seguro médico era inconstitucional. Incluso algunos de los miembros más conservadores de la corte, incluido el juez Brett Kavanaugh, sugirieron que el Congreso no tenía la intención de que el resto de la ley se desmoronara si el mandato individual se declaraba inconstitucional.

La ley, promulgada en 2010, ha brindado cobertura a cerca de 31 millones de estadounidenses. Pero cientos de millones más han visto su atención médica y su cobertura impactadas por disposiciones de la ley tan amplias como cambios en los copagos de medicamentos de Medicare, requisitos de recuento de calorías en los menús, y una vía para la aprobación de copias genéricas de medicamentos biológicos costosos.

Y, quizás, lo más importante políticamente: protecciones para personas con afecciones preexistentes y la prohibición de imponer límites de cobertura de por vida.

La administración Trump tomó varias posiciones sobre el caso. En un momento afirmó que la eliminación del mandato individual requería que toda la ley fuera declarada nula, y en otro momento sugirió que la ley de salud podría invalidarse solo en los estados controlados por los republicanos involucrados en la demanda.

Antes de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, en septiembre pasado, la mayoría de los observadores de la corte pensaban que era muy poco probable que el caso resultara en la anulación de toda la ley. Eso se debe a que Roberts votó para defender la ley en 2012, y nuevamente cuando fue impugnada de una manera menos radical en 2015. Pero la jueza conservadora Amy Coney Barrett reemplazó a Ginsburg, lo que pareció crear una plataforma de mayor inseguridad para sostener la ley.

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